Tiene razón el director de HERALDO cuando dice que no se puede dejar de hablar del Archivo de la Corona de Aragón. Aunque ubicado en Barcelona, guarda parte de nuestra historia, compartida durante cientos de años con otros territorios que hoy forman parte del Estado español: los reinos de Valencia y Mallorca y el condado de Barcelona que vino a abarcar Cataluña.
Los nacionalistas catalanes, apoyados por el gobierno de Maragall, han dado mucha importancia al futuro del Archivo en la redacción del nuevo Estatuto de Cataluña. Hace tiempo que comprendieron que los archivos -los documentos que guardan- forman parte de las señas de identidad de un pueblo; por eso su horizonte final es recibir la titularidad y el control total del Archivo de la Corona de Aragón.
Las referencias al Archivo, desplazadas ahora a una disposición adicional del Estatuto, son un ejemplo de redacción confusa y poco clara que, de momento, satisface a los nacionalistas catalanes, pues seguramente piensan que les deja un amplio margen de maniobra. La redacción no es buena porque es ambigua: no se sabe con precisión qué quiere decir exactamente que los fondos de Cataluña se integran en el “sistema de archivos de Cataluña”. Es, además, peligrosa, porque incorpora los llamados “fondos catalanes” al sistema de archivos de Cataluña sin haber identificado previamente tales fondos.
La estrategia nacionalista comienza por crear una confusión terminológica, haciendo creer que lo que denominan Archivo Real es algo diferente del Archivo de la Corona de Aragón. Lo que hoy conocemos como Archivo de la Corona de Aragón se fundó en 1318 por el rey Jaime II, con la misión de conservar los documentos de la Cancillería Real y los de su tesorero, el maestre racional. El nombre de Archivo de la Corona de Aragón se usa al menos desde 1731 por el propio centro, aunque es cierto que en algún documento anterior se menciona la expresión “archivo real”, siempre entendido como el archivo del rey, no del reino. Los historiadores catalanes no propondrían la vuelta a una denominación que no se usa hace cientos de años, digamos la verdad, si no fuera para eliminar del nombre cualquier referencia a Aragón.
Afirmar que la mayoría de los documentos del Archivo son catalanes y generados en Barcelona es una grave falta de información. La sección más importante del Archivo y la que le dio origen es la de Cancillería Real que reúne, en 7.000 volúmenes, cerca de cuatro millones de documentos. Éstos se refieren a todos los territorios de la Corona y son inseparables de sus volúmenes, que forman unidades indivisibles.
Otros fondos del Archivo, como los de Real Patrimonio o los del Consejo Supremo de Aragón, creado en 1494, son también fundamentales para comprender la historia de los demás reinos, condados y territorios unidos bajo la autoridad real. Por no mencionar el archivo de los Condes de Sástago, el de la Castellanía de Amposta de la Orden de San Juan de Jerusalén -con competencias sobre Aragón y Cataluña-, los libros de acuerdos del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Teruel) o los sellos, mapas, planos y pleitos de hidalguía de Aragón conservados en la Sección de Diversos, todos vinculados a instituciones aragonesas.
El Archivo se ubicó en Barcelona por razones administrativas, como explicó Rafael Conde, brillante archivero valenciano que fue su director. Antes de 1318, los documentos reales se guardaron en diversos lugares, entre otros, en los monasterios aragoneses de Sigena y San Juan de la Peña. El hecho de que el Archivo se sitúe físicamente en la actual Comunidad Autónoma de Cataluña no significa que le pertenezca en exclusiva.
Un Archivo con 800 años de historia ha pasado por tantas vicisitudes, traslados e ingresos de documentación que hoy sería totalmente artificial empezar a desmembrarlo, además de técnicamente absurdo. Y respecto a su gestión y titularidad, la pretensión de integrarlo en el sistema de archivos de Cataluña implica una grave injusticia con el resto de las Comunidades Autónomas que formaron parte de la Corona de Aragón, pues les privaría de su legítimo derecho de participar en igualdad de condiciones en la gestión de un patrimonio que les es común. Es una triste ironía que algo que nos debería unir, como es nuestro pasado conjunto, sirva de arma arrojadiza para señalar diferencias y preeminencias.
La titularidad del Archivo y su unidad no pueden ser objeto de negociación ni moneda de cambio en el proceso de renovación estatutaria. Los aragoneses no podemos conformarnos con la redacción menos mala posible, sino que tenemos que defender, a través de nuestro Gobierno, la que mantenga íntegro nuestro derecho a participar en la gestión de los fondos del Archivo.
María Rivas Palá, archivera
Versión digital del diario zaragozano: Heraldo de Aragón
