Gallardón consigue unir a los españoles

El ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón ha conseguido en un año algo que pocos políticos han logrado. Quizá ninguno. Ha sido capaz de que jueces, fiscales, abogados y funcionarios de Justicia, de todas las tendencias, así como la sociedad entera, estén en contra de sus medidas. Los recortes, la Ley de Tasas Judiciales, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) o del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han provocado serios enfrentamientos con el Departamento, que acabarán en huelga a principios del año que viene si no se producen cambios en la postura del ministro.

Ayer comenzaron las reuniones para crear una plataforma, liderada por el Consejo General de la Abogacía Española, que luche por la derogación de la Ley de Tasas Judiciales que obliga a los ciudadanos a pagar por recurrir decisiones judiciales, una medida inconstitucional según las asociaciones judiciales y los letrados.

Todos los colectivos implicados en la Justicia acusan a Gallardón de improvisar sus medidas, sin buscar acuerdos y sin ni siquiera hablar con los protagonistas. Él y su equipo modifican y aprueban leyes sin considerar la repercusión que van a tener tanto en los profesionales como en los ciudadanos.