Un futuro de color negro oscuro

Después de subir los impuestos, reformar el sistema laboral y financiero, retocar el entramado energético, encarecer los servicios públicos y recortar las prestaciones a los parados, el siguiente reto económico de Mariano Rajoy es la remodelación del sistema estatal de pensiones.

Aunque el presidente del gobierno haya manifestado en diferentes ocasiones su intención de mantener las prestaciones por jubilación, puntualizando siempre “de momento”, son muchos los indicios que dejan entrever que la reforma está al caer. Los más claros son las recomendaciones de Bruselas insistiendo en la necesidad de construir un sistema de pensiones sostenible. También Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, que es quien tiene la llave para abrir el grifo de la compra de deuda soberana española, previa petición del Gobierno, ha sido claro al defender sin reservas la última de las reformas pendientes, incluso antes de solicitar el rescate. Europa aboga por un modelo económicamente viable en el futuro, como se ha encargado de aclarar el comisario Olli Rehn, una definición que comporta el retardo en la edad de jubilación dos años más, hasta los 67.

De hecho, entre las condiciones del rescate financiero de 100.000 millones de euros ya se menciona la reforma de las pensiones. Muchos son los que vaticinan que la Eurozona exigirá de manera nítida y contundente la reformulación del sistema de prestaciones por jubilación en las nuevas condiciones que se negocian antes de pedir el rescate mediante la compra de deuda por parte del BCE.

Los antecedentes: Grecia e Irlanda, confirman que Bruselas ha situado la reforma de las pensiones entre los requisitos indispensables. De hecho, en Grecia se debate la reducción de las prestaciones mínimas, inferiores a los 700 euros. En España hay actualmente 2,2 millones de jubilados que perciben alrededor de 550 euros, formando un grupo mayoritario cercano al 25% en un global de 8,1 millones de beneficiarios. La prestación media, sin embargo, es de 950 euros. La situación es, como poco, espinosa para el Gobierno. De momento, la defensa de los pensionistas es uno de los pocos compromisos electorales que aún se mantienen. Para los presupuestos de 2013 se ha aprobado una partida de 121 millones, cumpliendo con la revalorización del 1% estipulada por ley mediante el Fondo de Reserva de 67.000 millones. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha avanzado su intención de endurecer las condiciones para recibir las jubilaciones anticipada y parcial. Además, está previsto desligar la revalorización de las pensiones del IPC para el próximo ejercicio.

En la actualidad, cuatro de cada diez ciudadanos en activo que deciden jubilarse lo hacen antes de los 65 años. Un total de 82.960 trabajadores han optado per la modalidad anticipada en los ocho primeros meses del año. Más de 110.000 personas lo hicieron durante 2011, y los datos avalan un crecimiento gradual desde 2009.
Las intenciones del Gobierno pasan por aproximar la edad "real" de jubilación de la mayoría de los trabajadores a los 65 años, para después alargar el límite a los 67. Por eso se pondrán trabas a las jubilaciones anticipadas.

Las pensiones parciales también están en la picota. Más de 18.000 españoles las han solicitado desde principio de año. El Gobierno estudia su desaparición a fin de ahorrar más de 2.000 millones. La revaloración, por otro lado, supone un esfuerzo complementario a las arcas del Estado, que ha desaconsejado recientemente el gobernador del Banco de España. Si se mantiene la inflación por encima del 3%, el Gobierno tendrá una deuda de casi 3.000 millones para actualizarlas, según marca la ley. La revisión debe hacerse en noviembre, pero el Ejecutivo todavía no ha manifestado con claridad qué piensa hacer, aunque visto lo visto, podemos esperar lo peor.