Inmigración y violencia de género

Las cifras de los últimos años demuestran que las mujeres de otros países están dramáticamente expuestas a la violencia de género y reflejan una realidad que requiere implementar urgentemente unas medidas que respondan a las necesidades específicas de protección que requieren las mujeres inmigrantes.

Según datos de la Macroencuesta 2006 del Instituto de la Mujer, la incidencia de la violencia de género entre las mujeres extranjeras doblaría a la incidencia entre las españolas. Diversas entidades, como Amnistía Internacional, identifican una serie de circunstancias que agravan la situación de vulnerabilidad de las mujeres extranjeras frente a la violencia de género, que se resume principalmente en la dependencia de la mujer extranjera respecto de su pareja en el país de destino; el desarraigo y la ausencia de redes sociales de apoyo familiar o de amistades, que dificultan la solicitud de auxilio; el desconocimiento del idioma, que obstaculiza la integración y el conocimiento de los recursos y posibilidades de ayuda ante la situación de maltrato; la ignorancia de la legislación, de los derechos y de los mecanismos existentes frente a la violencia de género; dependencia económica con respecto al agresor, en especial en los casos de reagrupación familiar; la desconfianza en las instituciones públicas y cuerpos de seguridad, que se perciben más como una amenaza que como una fuente de protección…

A estas circunstancias hay que añadir otras barreras a la integración de muchas mujeres, en particular a las mujeres que no proceden de la Unión Europea, que surgen al llegar a nuestro país y verse relegadas a puestos de trabajo caracterizados por una baja cualificación, salarios reducidos y elevada temporalidad, circunstancias que aumentan la dependencia económica respecto de sus parejas.

En este contexto, las mujeres extranjeras en situación administrativa irregular se encuentran en una situación de especial desventaja por su percepción de la desprotección y por el miedo a ser expulsadas de nuestro país en el proceso de denuncia, pese a lo dispuesto en la LO 1/2004, que reconoce el derecho de todas las mujeres víctimas de violencia de género, sin discriminación alguna, a ser protegidas.

Aunque todas las mujeres seamos víctimas potenciales de la violencia de género, las mujeres inmigrantes están más expuestas a este peligro, razón por la cual hay que poner especial énfasis en protegerlas a ellas, que son más vulnerables.