Estoy anonadada por la justicia

Ayer fue un día… No sé qué calificativo poner porque estoy anonadada. Camps, acusado de cohecho impropio, ha sido declarado “no culpable” por un jurado y dos suplentes que costará 21.373 euros a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social. Francisco Camps contrató 14 millones de euros con su “amiguito del alma”, pagó 15 millones al arquitecto Santiago Calatrava por una maqueta y el proyecto de un rascacielos sin construir, le regaló dos millones a Urdangarin, pero se le ha juzgado por una facturilla de 12.000 euros, mientras el juez que destapó la trama Gürtel, Baltasar Garzón, quizás resulte condenado. Camps, máximo responsable del PP valenciano, aún está pendiente de un juicio por presunta financiación ilegal, aunque, visto lo visto, es muy probable que también se vaya de rositas.

En su primera comparecencia en la Comisión de Justicia, el ministro Gallardón anuncia que el Gobierno modificará la actual ley del aborto para exigir el consentimiento paterno en el caso de que una menor de edad quiera abortar, que implantará la prisión permanente “revisable”, una cadena perpetua susceptible de ser modificada, y que se impondrá una tasa obligatoria: copago judicial, de los costes del procedimiento a partir de la segunda instancia que interponga el ciudadano. Si la demanda prospera se devolverá el dinero y los ingresos que se obtengan por este concepto “se utilizarán para mejorar la sistema de justicia”. Según Gallardón esta medida se toma para “reducir la entrada innecesaria de asuntos en los órganos judiciales”.

Las novedades en materia de Justicia afectan también a la Ley del Menor: en los casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores, todos sean investigados y enjuiciados conjuntamente. A los menores se les seguirá aplicando la legislación prevista para ellos.

Por último, me entero de que la Fiscalía General del Estado ha rechazado investigar la denuncia presentada contra la infanta Cristina por su papel en la empresa Aizoon, sociedad de la que la hija del Rey es propietaria en un 50%, al considerar que no ha quedado demostrado que tuviera conocimiento de las actividades irregulares de la entidad. Cuesta creer que la Infanta no supiera qué hacia su marido para acumular semejante patrimonio, del que, no olvidemos, ella se beneficiaba.

En fin, el PP ha decidido poner patas arriba a la Justicia reformando leyes, pero yo me pregunto si además de las reformas anunciadas lograrán algo imprescindible, que la Justicia cuente con medios, que tenga un sistema informático común, que los juicios no duren meses y años, que los juzgados dispongan los medios suficientes y los jueces no se vean afectados por esa falta de medios y personal.