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Cierzo
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El derecho al agua

En noviembre de 2001, tres ministerios: Nuevas Tecnologías, Medio Ambiente y Agricultura, llegaron a la conclusión, tras una amplísima investigación que duró tres años y costó 2,5 millones de euros, de que el mejor sistema posible para convertir el agua salada en potable era el AVF.

El método AVF consiste en hacer un agujero de 700 metros de profundidad cerca de la costa; se llena de agua, que ejerce una presión de setecientas atmósferas por el propio peso de la caída del agua y, por tanto, no es necesario impulsarla, como ocurre con las otras desalinizadoras. La diferencia fundamental entre ellas es que en el sistema tradicional para quitarle la sal al agua del mar es preciso empujarla contra una membrana de ósmosis inversa; la mitad del agua queda sin sal y la otra mitad adquiere el doble de salinidad, pero hay que proyectarla contra una membrana a una presión de 70 atmósferas y para conseguirlo se requieren unas enormes turbobombas que consumen muchísima electricidad.

La solución al problema de la escasez del agua en algunas zonas de España podría estar en las desaladoras AVF, pues apenas deterioran el medio ambiente, son silenciosas, ya que trabajan bajo tierra, y el suministro es inagotable. Si los estudios demuestran que es un sistema eficaz y factible, ¿por qué no se pone en marcha? ¿Por qué el Gobierno del PP se empecinó en trasvasar el Ebro? El trasvase supone 7.300 millones de euros de inversión. Una planta AVF de 120.000 m3 diarios puede costar 87 millones. Con 2.200 millones se podrían construir las desalinizadoras necesarias para conseguir la misma cantidad de agua que se pretende obtener mediante el trasvase. ¿Por qué se ha de llevar a cabo un proyecto que cuesta 5.000 millones más, que agrede de forma brutal el medio ambiente y que tardaría 10 ó 12 años en ser realidad, cuando en dos años podrían estar funcionando las desalinizadoras, mucho más baratas y ecológicas? El motivo es el de siempre, el maldito dinero. Los 730 millones que se embolsarían las constructoras, más los que obtendrían los distribuidores del agua.

Un ejemplo. En Las Palmas, un metro cúbico de agua cuesta 0,78 euros y la empresa suministradora lo vende a 1,70. La desalinizadora produciría la misma cantidad de agua a 0,36 euros y no podría venderse a más de 0,60. Los distribuidores solo ganarían 0,24 euros cuando ahora sacan un beneficio de 0,90, es normal que se opongan al proyecto y no estén dispuestos a recortar sus beneficios.

El Gobierno socialista ha paralizado el trasvase del Ebro y esto, obviamente, no le ha gustado nada a quienes veían en el agua un negocio redondo. Presionado por quienes tenían ya el bolsillo abierto para llenarlo de dinero, el PP recurre a sucias estrategias y defiende lo indefendible, envenena el ambiente con acusaciones de insolidaridad y egoísmo a Aragón, a la vez que pide a Valencia y Murcia que exijan la realización del trasvase y no acepten ninguna otra alternativa para satisfacer su necesidad de agua.

El acceso al agua no es una necesidad que se compra, es un derecho para todas las personas, pues dependemos de ella para sobrevivir.
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