Una batalla ganada contra la SGAE

La sentencia incide en uno de los aspectos más criticados de las actuales medidas empleadas por la SGAE para gestionar los derechos de autor y por la policía para combatir la piratería. Según la resolución, los delitos contra la propiedad intelectual sólo se pueden perseguir después de una denuncia de los perjudicados y no de oficio. De esta manera, la policía no podría detener a un vendedor del top manta por propia iniciativa y también sería ilegal que registrara un establecimiento y luego avisase a los perjudicados para que denunciasen el hecho.
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