Verdades y mentiras

Durante años, los líderes de Unió Democràtica y los altos cargos de la Conselleria han negado sistemáticamente las acusaciones del caso Treball cada vez que eran interrogados por el asunto. En cualquier acto público, rueda de prensa, en el Parlament…, siempre que se les preguntaba por la entonces “presunta” financiación ilegal del partido Josep Antoni Duran Lleida, Josep Sánchez Llibre o Ignasi Farreres contestaban lo mismo, que UDC no había recibido ni un céntimo proveniente de Treball.

Ahora estas declaraciones de inocencia quedan desacreditadas porque el fiscal Fernando Rodríguez Rey ha conseguido probar que Unió se financió con dinero público de subvenciones destinadas a cursos para combatir el desempleo, cuando en la década de los 90 era también una lacra. Lo que para el fiscal es un fraude al erario público con la finalidad de atender los gastos de un partido político, para los dirigentes de Unió era una mentira orquestada para desacreditar a Duran. Es decir, han pillado al político de turno metiendo la mano en la caja y se ha comprobado que la cantidad que falta es de 388.484 euros, que UDC acabará devolviendo a la Generalitat, en su nombre y en el de los cuatro condenados.

Ayer por la tarde, y cuando nadie lo esperaba, Duran concedía una entrevista desde Chile en la que contraatacaba arremetiendo contra quien fue portavoz del PP en el Parlament y antiguo dirigente de Unió en Girona, Josep Enric Millo: Que pregunten al señor Millo, sabe muchas más cosas que yo del caso Treball, dijo Duran bastante molesto. Ante el alud de peticiones de dimisión que le llegan de todas partes, Duran empleó la estrategia de acusar a quienes le critican de no haber leído el escrito que el fiscal ha pactado con los acusados y con el partido.

Por descontado, Duran no dimitirá. Se inaugura así una nueva figura: la corrupción de pago. Si el corrupto queda impune, disfrutará de su botín, si le pillan y dispone de buenos contactos, bastará con que reintegre la cantidad sustraída. El riesgo de devolución se calcula en un pequeño diez por ciento. La sentencia por el caso Treball legaliza la corrupción de pago y crea un peligroso clasismo judicial, porque no todos los condenados pueden hacerse cargo de las facturas de sus delitos. A cambio de eludir la prisión, el corrupto paga y listo, aquí no ha pasado nada, puede conservar su presunción de inocencia intacta y si me apuran acusar a la justicia de persecución.

Unió asume el pago de cuatrocientos mil euros para impedir la comparecencia de Duran como testigo y así preserva su condición de líder democratacristiano. ¿Pero había obtenido legalmente este dinero o una suma importante corresponde a los contribuyentes? Una vez más contemplamos atónitos que al final de cualquier historia de corruptelas quedamos como cornudos y apaleados, nos han escamoteado un dinero que correspondía a los desempleados y encima hemos de pagar tres lustros de carísima instrucción judicial.

Hay un chiste sobre políticos que dice, más o menos: El dirigente del partido A, preocupado por el ascenso del partido B, decide enviar un topo para espiar. El topo se introduce en la organización del partido B y se entera de todo lo que allí ocurre. Pasado un tiempo, el líder del partido A se reúne con su topo en una entrevista secreta. Le pregunta intrigado: ¿Qué hacen? El topo responde: No te preocupes, hacen lo mismo que nosotros. Esta historieta ejemplariza un injusto “todos son iguales”. Pero es que en España todo huele a chamuscado.