Ley de desmemoria histórica
Rafael Alberti escribió en “Defensa de Madrid, defensa de Cataluña”: “Madrid, la ciudad que quiso ser la tumba del fascismo, es hoy una ciudad sin memoria, o mejor dicho una ciudad con una memoria muy selectiva. El fascismo desarrolló una política de imposición de una memoria sesgada que dura hasta nuestros días. Había que renombrar calles, plazas y avenidas, proceder a una "damnatio memoriae". Militares golpistas, jerarcas fascistas, sacerdotes y personalidades que dieron su apoyo al nuevo régimen vieron como su nombre pasaba al callejero. Y murió el tirano en la cama de un hospital de una forma dantesca, como lo fueron los años de su feroz dictadura. Y llegó la transición pactada. Y todo sigue igual. Atado y bien atado. Los fascistas que encarcelaron y mataron al pueblo durante 40 años y sus adláteres siguen instalados en las esquinas de nuestras calles. ¿Podemos hablar de democracia cuando nuestros hijos juegan en parques con nombres de criminales, como el Parque Carlos Arias Navarro, el Carnicero de Málaga? ¿Sería concebible que en Berlín hubiera una calle dedicada a Goebbels? Podríamos pedir que retiraran esos símbolos de la vergüenza. No lo harán. Sería negar la historia, nos dirán. Mentira. Hay otras razones. La existencia de este callejero es un símbolo de que en este país no existe democracia. Hoy en Madrid sigue existiendo una sola memoria, la de los vencedores”.
La Ley de Memoria Histórica, una ley sin nombre, sin memoria y sin historia deja las cosas como antes: sin reparación de los juicios injustos, sin cambiar los nombres del medio centenar de calles con nomenclatura fascista de Madrid, sin quitar las estatuas de Franco de les academias militares y sin derribar el monumento al fascismo por excelencia, el Valle de los Caídos, donde están enterrados Franco y José Antonio Primo de Rivera. La vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega se excusa: “No queremos reescribir la historia. El Tribunal Constitucional señala que no son revisables sentencias previas a la Constitución”.
Setenta años han transcurrido desde el inicio de la Guerra Civil española y de los 90.000 republicanos fusilados, sólo 900 han sido desenterrados hasta ahora. Los familiares de los desaparecidos de la guerra civil y la represión franquista reclaman su localización e identificación, así como la elaboración de mapas donde figuren las fosas comunes en que fueron enterrados.
La Ley de Memoria Histórica, una ley sin nombre, sin memoria y sin historia deja las cosas como antes: sin reparación de los juicios injustos, sin cambiar los nombres del medio centenar de calles con nomenclatura fascista de Madrid, sin quitar las estatuas de Franco de les academias militares y sin derribar el monumento al fascismo por excelencia, el Valle de los Caídos, donde están enterrados Franco y José Antonio Primo de Rivera. La vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega se excusa: “No queremos reescribir la historia. El Tribunal Constitucional señala que no son revisables sentencias previas a la Constitución”.
Setenta años han transcurrido desde el inicio de la Guerra Civil española y de los 90.000 republicanos fusilados, sólo 900 han sido desenterrados hasta ahora. Los familiares de los desaparecidos de la guerra civil y la represión franquista reclaman su localización e identificación, así como la elaboración de mapas donde figuren las fosas comunes en que fueron enterrados.
1 comentario
seguros -
El Pleno del Senado ha aprobado, de forma definitiva, el proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, la llamada Ley de Memoria Histórica.
El proyecto, remitido por el Congreso de los Diputados, recibió 127 a favor y 119 en contra. Previamente, la Cámara había rechazado dos vetos a la ley firmados por el Grupo Popular y ERC.
Según informa el grupo socialista en el Senado, a lo largo del debate, la senadora por Badajoz y portavoz socialista, Carmen Granado, recordó que la ley se redactó con el objetivo de "reparar públicamente el honor y la dignidad de todos los españoles represaliados y de sus familias que, durante años, han luchado por esclarecer y dignificar su memoria".
Se trata, añadió, de establecer derechos y medidas de reconocimiento y reparación a las víctimas, continuando el espíritu iniciado por la Transición.
¡Estamos en el siglo XXI, ya es hora de finalizar con la traída y llevada Transición!