Saturados de inmigrantes

En el municipio gerundense de Salt, el 33% de sus 24.000 habitantes son inmigrantes. Cuando en un edificio se instala un inmigrante, los vecinos suelen ayudarle; si llega otra familia, surgen los recelos; con un tercer grupo la desconfianza se manifiesta.

 

El 60% de los gambianos arribados a España residen en la provincia de Girona. ¿Por qué? Los inmigrantes se embarcan en el norte de Senegal (país vecino), una vez en alta mar, tiran su documentación al agua. Al llegar a Canarias están en un centro de acogida hasta un máximo de 40 días, si en este plazo no han podido ser repatriados, sólo hay dos opciones: o devolverlos al mar o dejar que se queden en nuestro país hasta que encuentren trabajo o se sepa quiénes son para retornarlos a su lugar de origen.

 

El Gobierno reparte a los inmigrantes por comunidades autónomas, donde ONGs los acogen durante un máximo de 15 días, luego les entregan 60 euros y un billete para el lugar donde dicen tener algún conocido que pueda acogerlos. A partir de aquí comienza la confusión, porque los inmigrantes dan un teléfono de esta población y una vez en ella nadie les acoge como pensaban y se ven forzados a dormir en cabinas telefónicas, en los bancos públicos, a hurgar en los contenedores de basura para poder comer…

 

Es evidente que algo falla de manera estrepitosa cuando una ONG paga un billete para un destino sin asegurarse de las condiciones de vida que le esperan al inmigrante y a sabiendas de que una población está ya saturada y es una bomba de relojería.

 

Habría que acordar con los ayuntamientos la cuota de inmigración ilegal que puede acoger y habría que planificar el uso de los fondos destinados para atender a la inmigración, que se ha incrementado sustancialmente con el Gobierno socialista, pasando de los 8 millones de euros a 182 millones.