Guantánamo: el escarnio a los derechos humanos
Pese a las importantes protestas internacionales y a la condena de los expertos a la política gubernamental de Estados Unidos, centenares de personas de casi 40 nacionalidades distintas siguen recluidas sin cargos ni juicio en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, en Cuba, sin acceso a ningún tribunal, ni a abogados ni a visitas familiares. Privados de sus derechos que consagra el derecho internacional y recluidos en condiciones que podrían equivaler a trato cruel, inhumano o degradante, los detenidos están sometidos a graves sufrimientos psicológicos. Se han producido numerosos intentos de suicidio.
Muchos de los reclusos fueron capturados durante el conflicto internacional de Afganistán, país desde el que comenzaron los traslados a la base naval en enero del 2002, en condiciones de transporte de gran dureza. Otros fueron detenidos en distintos lugares y entregados a las autoridades de Estados Unidos. Continúan realizándose esporádicamente traslados a la base, así como excarcelaciones, pero nunca se han hecho públicos ni el número exacto de detenidos, ni su identidad y su nacionalidad.
Ninguno de los detenidos ha sido reconocido como prisionero de guerra ni ha comparecido ante un «tribunal competente» a fin de que éste determine su condición, como exige el artículo 5 del Tercer Convenio de Ginebra. El gobierno estadounidense se niega a aclarar su estatuto jurídico, pese a los llamamientos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en dicho sentido. En lugar de ello, el gobierno de Estados Unidos los califica de «combatientes enemigos» o «terroristas», vulnerando abiertamente su derecho a la presunción de inocencia, y presume, de forma ilegal, una justificación para denegarles muchos de sus derechos humanos más básicos.
Escribe al presidente George Bush pidiendo justicia para los detenidos de Guantánamo.
Muchos de los reclusos fueron capturados durante el conflicto internacional de Afganistán, país desde el que comenzaron los traslados a la base naval en enero del 2002, en condiciones de transporte de gran dureza. Otros fueron detenidos en distintos lugares y entregados a las autoridades de Estados Unidos. Continúan realizándose esporádicamente traslados a la base, así como excarcelaciones, pero nunca se han hecho públicos ni el número exacto de detenidos, ni su identidad y su nacionalidad.
Ninguno de los detenidos ha sido reconocido como prisionero de guerra ni ha comparecido ante un «tribunal competente» a fin de que éste determine su condición, como exige el artículo 5 del Tercer Convenio de Ginebra. El gobierno estadounidense se niega a aclarar su estatuto jurídico, pese a los llamamientos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en dicho sentido. En lugar de ello, el gobierno de Estados Unidos los califica de «combatientes enemigos» o «terroristas», vulnerando abiertamente su derecho a la presunción de inocencia, y presume, de forma ilegal, una justificación para denegarles muchos de sus derechos humanos más básicos.
Escribe al presidente George Bush pidiendo justicia para los detenidos de Guantánamo.
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