Cuestión de legalidad

El artículo 14 del capítulo segundo de la Constitución Española es muy claro y no deja dudas: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Un homosexual, en tanto que persona y español, debería tener idénticos derechos que un heterosexual. Si un heterosexual tiene derecho a casarse y a adoptar, el homosexual también tiene ese derecho, en igualdad de condiciones. Por eso la aprobación del anteproyecto de Ley que permitirá, a partir de 2005, el matrimonio entre homosexuales con equiparación absoluta de derechos con los matrimonios heterosexuales, no debería sorprender a nadie. Salvo a la Iglesia, claro.

La Iglesia, como siempre, se opone a todo lo que signifiquen avances sociales. Ya condenó hace tiempo a quienes osaron romper sus sagrados vínculos matrimoniales. La furia desatada de Dios no cayó sobre los divorciados y quiero pensar que tampoco caerá sobre los homosexuales. Al menos en Holanda y Bélgica, los otros dos países donde es legal este tipo de matrimonio, no ha llovido azufre, ni los ríos se han teñido de sangre, ni el ángel exterminador ha hecho de las suyas. Ahora la Conferencia Episcopal ataca con la supuesta antinaturalidad de esta Ley. Nuestra sociedad está siendo víctima de la degradación moral y todo por culpa de los fundamentalistas laicos. La supervivencia de la familia y el orden social están en juego. Por favor, que alguien les diga a estos señores que vivimos en el siglo XXI, porque parece que ellos aún no han abandonado la Edad Media y sus hogueras.