Libertad y religión
Es conocido el dicho de que el pueblo español siempre va detrás de los curas, con las cruces o a cristazos. Nuestra historia parece confirmarlo pero parecía que con la consolidación de la democracia, una vez superadas la dictadura y el nacional-catolicismo, el diálogo presidiría las deliberaciones entre los actores sociales. Pero siglos de control de las mentes y de buena parte de los recursos públicos es algo difícil de renunciar, aunque no inteligente.
Con la llegada del Partido Socialista al Gobierno de la nación, los elementos más conservadores del Episcopado, apoyados en grupos reaccionarios que se creen en posesión de la Verdad y no han sabido asimilar la lección de las urnas, han lanzado una campaña de que son perseguidos la Iglesia y los cristianos que ya ha traspasado nuestras fronteras. Es injusta y peligrosa.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, declaró que el Gobierno quiere mantener un diálogo abierto con todo el mundo, incluida la Iglesia católica. Y no solamente con ella, pues España es plural y dista mucho de la uniformidad religiosa de otros tiempos. Hay millones de españoles agnósticos, musulmanes, o sencillamente no creyentes o no practicantes. Me gustaría declaró- que me concretaran en qué se sienten perseguidos los ciudadanos de este país que profesan la religión católica, en lo que se refiere al ejercicio de sus derechos fundamentales, de ejercer su religión, de llevar a sus niños a la Iglesia, de darles educación religiosa en el colegio que quieran, de poder ir a misa, de poder confirmarlos. En qué ha restringido este Gobierno el ejercicio de la libertad religiosa.
Lo que hace el Gobierno es facilitar el ejercicio de esos derechos a otros sectores de la población que no comparten esa misma religión y que tienen idénticos derechos. Los obispos ya habían echado las gentes a las calles cuando se reconoció el derecho al divorcio, prohibido en tiempos de Franco, pero eso no significaba que la gente se tuviera que divorciar. Tampoco la reforma que supone la equiparación del matrimonio civil sin distinción del sexo no impone a nadie que se tenga que casar de una manera determinada, pero sí permite a quien no puede hacerlo, poder hacerlo. Otra cosa es que a esa unión pueda llamársela matrimonio.
Lo mismo sucede con la enseñanza de la religión en las escuelas públicas, financiada por el Estado con fondos de creyentes y de no creyentes. La Constitución Española declara que el Estado no es confesional pero respetará el ejercicio de las diversas creencias religiosas que no se opongan a las leyes. Hasta ahora sólo se hizo así con la católica, y el Episcopado se alza en armas porque pretende que esa asignatura tenga validez académica equiparable a las demás asignaturas y puntúe para el expediente académico, y para la obtención de becas. Cuando resulta que las demás asignaturas son impartidas por profesores con unas capacidades académicas muy contrastadas mientras que los profesores de religión son nombrados por los obispos, pero pagados por el erario público.
Los acuerdos con el Vaticano preveían un plazo para que los obispos mentalizaran a los católicos de que ellos deberían sostener a sus clérigos y actividades religiosas. Como en Alemania y en otros países. El Estado se brindó a recaudarles la parte de los impuestos de los católicos españoles que así lo señalaran con una cruz en la declaración de la renta, en lugar de destinarlo a Otras actividades sociales. Pues bien, de un pretendido 80% de ciudadanos católicos tan sólo un 30%, año tras año, han decidido destinar ese dinero a su Iglesia. El Estado ha ido adelantando a la Iglesia más de medio millón de Euros a cuenta, pero la Iglesia se declara incapaz de movilizar a sus pretendidos fieles.
¿Qué ocurre? Pues que los sueldos de obispos y curas son pagados cada mes por el Estado español. Aparte de otras mil exenciones en impuestos de herencias, transmisiones, bienes inmuebles, etc., que el Vaticano y la Conferencia episcopal se habían comprometido a revisar hace más de una década.
La mayoría de la sociedad española respalda al Gobierno en el sentido de que el Hecho religioso, o la Historia de las religiones, debe de ser explicado en las aulas, pero por profesores capacitados mientras que la catequesis y el adoctrinamiento religioso debe efectuarse en las medersas coránicas, o en las sinagogas, en los templos protestantes o en las iglesias.
En todo caso, fuera de los horarios lectivos de la enseñanza pública. Para eso tienen colegios privados confesionales.
De una legítima discrepancia que ha de resolverse en el diálogo y el respeto se ha pasado a esta confrontación que amenaza con manifestaciones callejeras y descalificaciones que los responsables harían bien de evitar porque, nunca mejor dicho, las armas las carga el diablo. Lo más curioso es que las listas puestas a disposición de los católicos en las iglesias para que firmaran contra el Gobierno han sido retiradas por falta de firmantes suficientes. Algo está cambiando en una sociedad que no reniega de lo religioso pero que no lo concibe sin un firme compromiso con la justicia social y con la solidaridad.
Artículo de José Carlos García Fajardo publicado en Las Provincias (22-11-04)
Con la llegada del Partido Socialista al Gobierno de la nación, los elementos más conservadores del Episcopado, apoyados en grupos reaccionarios que se creen en posesión de la Verdad y no han sabido asimilar la lección de las urnas, han lanzado una campaña de que son perseguidos la Iglesia y los cristianos que ya ha traspasado nuestras fronteras. Es injusta y peligrosa.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, declaró que el Gobierno quiere mantener un diálogo abierto con todo el mundo, incluida la Iglesia católica. Y no solamente con ella, pues España es plural y dista mucho de la uniformidad religiosa de otros tiempos. Hay millones de españoles agnósticos, musulmanes, o sencillamente no creyentes o no practicantes. Me gustaría declaró- que me concretaran en qué se sienten perseguidos los ciudadanos de este país que profesan la religión católica, en lo que se refiere al ejercicio de sus derechos fundamentales, de ejercer su religión, de llevar a sus niños a la Iglesia, de darles educación religiosa en el colegio que quieran, de poder ir a misa, de poder confirmarlos. En qué ha restringido este Gobierno el ejercicio de la libertad religiosa.
Lo que hace el Gobierno es facilitar el ejercicio de esos derechos a otros sectores de la población que no comparten esa misma religión y que tienen idénticos derechos. Los obispos ya habían echado las gentes a las calles cuando se reconoció el derecho al divorcio, prohibido en tiempos de Franco, pero eso no significaba que la gente se tuviera que divorciar. Tampoco la reforma que supone la equiparación del matrimonio civil sin distinción del sexo no impone a nadie que se tenga que casar de una manera determinada, pero sí permite a quien no puede hacerlo, poder hacerlo. Otra cosa es que a esa unión pueda llamársela matrimonio.
Lo mismo sucede con la enseñanza de la religión en las escuelas públicas, financiada por el Estado con fondos de creyentes y de no creyentes. La Constitución Española declara que el Estado no es confesional pero respetará el ejercicio de las diversas creencias religiosas que no se opongan a las leyes. Hasta ahora sólo se hizo así con la católica, y el Episcopado se alza en armas porque pretende que esa asignatura tenga validez académica equiparable a las demás asignaturas y puntúe para el expediente académico, y para la obtención de becas. Cuando resulta que las demás asignaturas son impartidas por profesores con unas capacidades académicas muy contrastadas mientras que los profesores de religión son nombrados por los obispos, pero pagados por el erario público.
Los acuerdos con el Vaticano preveían un plazo para que los obispos mentalizaran a los católicos de que ellos deberían sostener a sus clérigos y actividades religiosas. Como en Alemania y en otros países. El Estado se brindó a recaudarles la parte de los impuestos de los católicos españoles que así lo señalaran con una cruz en la declaración de la renta, en lugar de destinarlo a Otras actividades sociales. Pues bien, de un pretendido 80% de ciudadanos católicos tan sólo un 30%, año tras año, han decidido destinar ese dinero a su Iglesia. El Estado ha ido adelantando a la Iglesia más de medio millón de Euros a cuenta, pero la Iglesia se declara incapaz de movilizar a sus pretendidos fieles.
¿Qué ocurre? Pues que los sueldos de obispos y curas son pagados cada mes por el Estado español. Aparte de otras mil exenciones en impuestos de herencias, transmisiones, bienes inmuebles, etc., que el Vaticano y la Conferencia episcopal se habían comprometido a revisar hace más de una década.
La mayoría de la sociedad española respalda al Gobierno en el sentido de que el Hecho religioso, o la Historia de las religiones, debe de ser explicado en las aulas, pero por profesores capacitados mientras que la catequesis y el adoctrinamiento religioso debe efectuarse en las medersas coránicas, o en las sinagogas, en los templos protestantes o en las iglesias.
En todo caso, fuera de los horarios lectivos de la enseñanza pública. Para eso tienen colegios privados confesionales.
De una legítima discrepancia que ha de resolverse en el diálogo y el respeto se ha pasado a esta confrontación que amenaza con manifestaciones callejeras y descalificaciones que los responsables harían bien de evitar porque, nunca mejor dicho, las armas las carga el diablo. Lo más curioso es que las listas puestas a disposición de los católicos en las iglesias para que firmaran contra el Gobierno han sido retiradas por falta de firmantes suficientes. Algo está cambiando en una sociedad que no reniega de lo religioso pero que no lo concibe sin un firme compromiso con la justicia social y con la solidaridad.
Artículo de José Carlos García Fajardo publicado en Las Provincias (22-11-04)
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